5 de Diciembre de 2014
Circular Nº 58/14
INFORMACIÓN ECONÓMICA
- El Gobierno propone una ayuda a parados de larga duración de 426 euros mensuales durante seis meses, lo que equivale al 80% del Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), al tiempo que ha ampliado el colectivo de beneficiarios de esta medida, indicaron en fuentes próximas a la negociación. Los posibles beneficiarios de esta ayuda son los parados de larga duración que hayan trabajado por cuenta ajena en algún momento, que estén inscritos como demandantes de empleo a fecha 1 de diciembre de este año, que hayan dejado de recibir prestaciones al menos seis meses antes de solicitar la ayuda incluyendo los programas Prodi, Prepara y RAI, que tengan cargas familiares y que carezcan de otro tipo de rentas.
- Los ministros de Justicia han aprobado el acuerdo sobre las nuevas normas de insolvencia transfronteriza, cuyo objetivo es facilitar la reestructuración de las empresas con problemas y salvarlas de la liquidación. La norma debe ser ahora aprobada formalmente por los Gobiernos, algo que ocurrirá en marzo de 2015, y por la Eurocámara, en abril o mayo. Entrará en vigor 24 meses más tarde. «Las nuevas reglas darán a las empresas viables una segunda oportunidad muy necesaria y mejorarán la eficacia de los procedimientos de insolvencia de la UE», ha dicho la comisaria de Justicia.
- El plazo medio de pago de las Administraciones Públicas en España se sitúa en los 90 días, hasta tres veces más de lo permitido por la Ley de Morosidad, según los datos del Observatorio del Trabajo Autónomo que ha presentado la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA). En total, los plazos se han reducido un 30,2% a lo largo de este año, pasando de los 129 días de diciembre de 2013 a los 90 días que se han registrado en este ejercicio, lo que supone 39 días menos de media. Las empresas privadas pagan en una media de 84 días, por lo que supone también un incumplimiento de la ley, que establece el pago en 60 días.
- La reforma del IRPF reduce el atractivo de las ‘start up’ españolas ante inversores y sus posibilidades de internacionalizarse. El punto de discordancia es el artículo 95 Bis de la Ley, que viene a gravar las ganancias patrimoniales de una persona por cambio de residencia. El 1 de enero entrará en vigor una nueva tributación sobre el cambio de residencia, que será efectiva si se posee el 25% de las acciones de una sociedad con un valor de 1 millón de euros, o acciones por más de 4 millones de euros. Se trata de una medida que busca gravar las rentas más altas, pero que afecta gravemente a uno de los eslabones más débiles de la economía: las ‘start up’.
