Las asesorías contables y fiscales, como sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (LPBC), deberán cumplir con una nueva normativa que les obliga a establecer un canal de denuncias, independientemente del número de trabajadores que tengan.
Esta medida surge de una modificación de la LPBC en 2018, que incorporó una Directiva de la Unión Europea para que los sujetos obligados dispongan de un medio interno de comunicación para informar posibles incumplimientos de la ley. Esta disposición, que abarca tanto a personas jurídicas como a personas físicas, busca fomentar la utilización del canal, incluso permitiendo denuncias anónimas y garantizando medidas contra represalias. Las asesorías contables y fiscales, como personas jurídicas, deben contar con este canal de denuncias conforme a la Ley 2/2023 de Protección del Informante.
El plazo para su implementación es el 13 de junio de 2023, tanto para empresas del sector público como para empresas del sector privado, independientemente de su tamaño.
