La Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas que denuncian infracciones normativas y lucha contra la corrupción, ha entrado en vigor recientemente. Esta ley, basada en la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, tiene como objetivo establecer un marco regulatorio completo para proteger a los denunciantes y prevenir posibles infracciones.
Según lo establecido en la Ley, las empresas con más de 250 empleados y todas las organizaciones del sector público (excepto municipios con menos de 10.000 habitantes) deben implementar un canal de denuncias interno. Aunque la fecha límite inicial era el 13 de junio de 2023, se ha ampliado hasta el 1 de diciembre de 2023 para las empresas con 249 trabajadores o menos y los municipios más pequeños.
Esta medida tiene como objetivo fortalecer la transparencia y la ética empresarial, proporcionando un medio seguro para que los empleados, clientes, accionistas y competidores denuncien cualquier infracción o conducta indebida. Se espera que la implementación de estos canales de denuncia mejore la cultura organizacional y fomente un ambiente de confianza en el ámbito laboral.
La obligación de establecer canales de denuncia refuerza el compromiso de las empresas y organismos españoles en la prevención de infracciones y corrupción, garantizando la protección de los denunciantes y promoviendo prácticas empresariales éticas y responsables.
